El Periodico_22/12/2009_CiU y PP creen en la existencia de una trama corrupta en Ciutat Vella

-La oposición ve vínculos con el ‘caso Saratoga’ y pide al bipartito que actúe

-Quílez ofrecía por sus servicios tarifas cinco veces por debajo del precio de mercado

El Gobierno municipal informó ayer, vía junta de portavoces, a los grupos sobre el caso de presunta corrupción detectado en Ciutat Vella a raíz de la detención de un funcionario municipal, Helio Lozano, y de un ingeniero, Joaquín Quílez, también implicado en el caso Saratoga, la trama que implica a una red de policías, abogados y empleados públicos descubierto a raíz de la intervención en los clubs de alterne Saratoga y Riviera. Según CiU y PP «todo apunta» a que se instaló una «trama de corrupción» en el distrito de Ciutat Vella que actuaba en la concesión de licencias de pisos turísticos.

Fuentes del bipartito rehusaron añadir nada a lo ya dicho la semana pasada, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. El portavoz convergente, Joaquim Forn, opinó que queda demostrada una «conexión clara» entre los imputados porque coincidieron a la vez en el distrito, y porque, según él, las diligencias judiciales tratan las imputaciones de los dos asuntos –la concesión irregular de licencias en Ciutat Vella y en el Eixample– como un mismo caso. Forn atribuyó las supuestas irregularidades a la «relajación» del ayuntamiento en el control, y aseguró que Lozano llevaba años recibiendo quejas de muchos vecinos y entidades. Reclamó información al consistorio sobre qué respuesta se dio en su día a estas acusaciones, ya que, según él, debería haber sido «muy contundente» al existir ya «indicios claros».

PETICIÓN DE REVISIÓN / La portavoz municipal del PP, Àngels Esteller, afirmó que los imputados tienen una conexión, y pidió al ayuntamiento que revise los expedientes en los que participaron. Acusó al bipartito de no contestar a sus preguntas en la junta de portavoces y afirmó que es necesario un «trabajo activo» del ayuntamiento para esclarecer lo sucedido.
El cuarto teniente de alcalde de Urbanismo, el socialista Ramon García-Bragado, rechazó emprender una investigación propia y se remitió a la judicial, y aseguró que sólo se revisarán los expedientes que se demuestren ilegales.
El presidente de la asociación de apartamentos turísticos, Apartur, Pablo Zubicaray, reconoció ayer que varios socios contrataron los servicios del ingeniero Joaquín Quílez. Zubicaray aseguró a este diario que los socios de Apartur decidieron contratar en bloque los servicios de Quílez porque ofrecía la tramitación de las licencias a unos precios más económicos que los otros despachos, pero negó que la elección de este profesional haya sido sugerida por Helio Lozano, el jefe de los servicios técnicos de Ciutat Vella hasta el 2008
Fuentes del sector aseguran que, a finales del 2006, cuando se acababa el plazo para otorgar licencias para pisos turísticos en Ciutat Vella, los servicios ofrecidos por Quílez (informes de arquitectos, permisos para obras mayores, visados de proyectos y tramitación de las licencias) tenían precios muy bajos: unos 200 euros por proyecto cuando los despachos profesionales cobraban cerca de 1.000 euros por expediente.